Congreso de Colima actualiza la Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado

Política

El Congreso del Estado de Colima, aprobó la actualización de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima, con el propósito de garantizar un ambiente seguro, pacífico, inclusivo y propicio para el desarrollo educativo de la niñez y la juventud colimense.

Entre las reformas avaladas se encuentran la ampliación y precisión de los conceptos de violencia escolar, incorporando modalidades específicas como el acoso escolar físico, socioemocional, verbal y el ciberacoso. Asimismo, se reconoce explícitamente la violencia sexual en el entorno escolar, con una definición que abarca las condiciones de vulnerabilidad y la falta de consentimiento.

También, se robustecen los programas de seguridad integral escolar y los procedimientos de cierre forzoso, actualizando los números de emergencia al 911 y especificando la coordinación con unidades de reacción inmediata y se incluye al personal escolar (docentes, directivos y administrativos) como Sujetos de Protección y Agresores, asegurando que todos los miembros de la comunidad educativa estén cubiertos por las medidas de seguridad integral.

Además, los cambios avalados por las diputadas y diputados locales, refuerzan la participación de los Consejos Escolares y los Comités de Seguridad y Protección Civil Escolar, así como la necesidad de que los directivos y padres de familia informen sobre situaciones de riesgo y condiciones especiales de los alumnos. Para ello, se hará la armonización con acuerdos, lineamientos y protocolos federales, y la emisión de protocolos específicos en materia de seguridad y violencia sexual.

En cuanto a las infracciones y sanciones, la actualización especifica que las infracciones pueden ser cometidas por participación como “espectador” y se incluye la “denuncia falsa” como infracción, lo cual busca disuadir conductas malintencionadas y proteger la integridad de los procesos, por lo que se amplía la responsabilidad y las obligaciones de los padres de familia y tutores en la comunicación de información relevante.

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