Fortalece Congreso de Colima estructura y funcionamiento de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado

Política

El Congreso del Estado de Colima, aprobó por unanimidad la iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por la titular del Poder Ejecutivo, relativa a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima”, con el objetivo de mejorar su organización y funcionamiento.

Entre las modificaciones se encuentran, precisar las atribuciones del organismo, la adecuación de su estructura orgánica, y la inclusión de disposiciones que permiten una administración más ordenada y eficiente de los recursos públicos a su cargo. Asimismo, se incorpora lenguaje con perspectiva de género a lo largo del ordenamiento, en congruencia con los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.

También, mediante la adición del artículo 7 BIS, se establecen requisitos más amplios y específicos para la persona titular de la Dirección General, lo que garantiza que quien ocupe dicho encargo cuente con el perfil profesional, experiencia y capacidades necesarias para la adecuada conducción del organismo, incidiendo directamente en la calidad de los servicios educativos que presta.

Y para fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y evaluación del desempeño institucional, abonando a una gestión pública más transparente, la Coordinación de Servicios Educativos contará con un Órgano Interno de Control integrado conforme a los criterios, lineamientos o disposiciones administrativas que emita la Contraloría General del Estado.

El dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura y Ciencia, y avalado por el Pleno Legislativo, manifiestan que las adecuaciones a este organismo, el cual estará sectorizado a la Secretaria de Educación y Cultura, no solo resultan jurídicamente procedentes, sino que además responden a una necesidad real de modernización normativa, así como cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, permitiendo dotar al organismo de mejores herramientas para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, en beneficio del sistema educativo estatal.

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