Columna: Estación Esperanza
Por: Vladimir Parra
En un México donde la salud pública y la equidad fiscal chocan con los intereses corporativos, la bebida Electrolit ha pasado de ser el salvavidas de las resacas a estar en el centro de una batalla ideológica. Y es que Claudia Sheinbaum, sigue combatiendo la corrupción y este caso es el reflejo perfecto de cómo las grandes farmacéuticas, como Laboratorios Pisa (dueños de Electrolit), han tejido una red de privilegios que cuesta miles de millones al erario público.
La polémica estalló a raíz de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para reclasificar bebidas como Electrolit, registradas ante la Cofepris como medicamentos, estas soluciones orales evaden IEPS e IVA lo que representa una exención fiscal que ha dejado de recaudar hasta $12 mil mdp en los últimos 5 años solo por Electrolit.
Este intento por cerrar un vacío legal que beneficia a corporativos, no es por la eficacia del producto sino porque da pie a un uso recreativo desmedido, pues, se vende como rehidratante, mientras contiene 21 gramos de azúcar por litro, lo que triplica el límite diario recomendado por la OMS. Aunque es menos azúcar que la que hay en refrescos (105g/l) su contenido es más parecido a un refresco azucarado como Gatorade (34g/l) que a un hidratante puro como Pedialyte (9g/l), lo que valida las críticas fiscales. Además su nivel de sodio y ausencia de sellos, fomenta su consumo masivo sin regulación. Gravarlo no lo criminaliza; solo lo equipara a competidores como Gatorade, que pagan IEPS desde 2014. Lo que podría generar de $3,500-$5,000 millones de pesos extras para salud pública en 2026.
Pero ¿quién es Laboratorios Pisa?, fundado en los 40 en Jalisco, la empresa es un coloso: 14 plantas, 30,000 empleados y líder en medicamentos infantiles y oncológicos con un largo pasado de corrupción: En 2010, la COFECE los multó por colusión en licitaciones de insulina, inflando precios con competidores como Eli Lilly. En 2019, Cofepris clausuró 7 plantas por contaminación bacteriana, y la SFP los inhabilitó por manipular información en contratos IMSS. Además Pisa donó $6 millones a Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), financiada por EE.UU. y opositores a AMLO.
Además, ellos fueron causantes del desabasto de medicamentos para cáncer infantil. En 2019 y 2020, Pisa monopolizaba el metotrexato (para leucemias pediátricas) y retuvo 36,000 frascos listos para entrega al Hospital Infantil Federico Gómez, chantajeando por la reapertura de sus plantas irregulares lo que causó protestas de padres pero que además comprometió la vida de más de un menor.
AMLO y López-Gatell lo denunciaron. La SFP abrió 6 expedientes, culminando en inhabilitación de 30 meses en 2020, anulada en 2022 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa vía amparos, lo que pone en evidencia la importancia de la Reforma de Amparos impulsada por nuestra Pdta. Claudia Sheinbaum, para evitar la impunidad por este medio.
Electrolit no es pionero; es parte de un patrón global donde empresas reclasifican productos para evadir impuestos. El caso Electrolit no es un capricho gubernamental; es justicia fiscal. Gravarlo generaría recursos para cáncer infantil —irónico, dado el pasado de Pisa— y promovería consumo responsable. El mensaje es claro: la transformación no tolera la evasión, ni el lucro de privados a costa de la salud de las grandes mayorías.
