Por: Filomeno Álvarez
Para quien el poder y los negocios lo es todo, no hay nada sagrado.
El día viernes 14 de febrero un comando armado, actuando con las características del sicariato (vestido de negro, con armas de alto poder, y con un objetivo claro) atacaron al hijo de la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez. El ataque dejó 15 heridos, entre ellos menores de edad. Diversas versiones de testigos presenciales de los lamentables hechos describieron lo acontecido como un intento de ejecución, especificando que escucharon “intercambio de balazos” entre los escoltas del hijo de la alcaldesa cuando los sicarios fueron contra él.
Pero la alcaldesa, responsable de la seguridad del evento, no consideró necesario cancelar los festejos del día, ni siquiera cuando el pavimento aún tenía fresca la sangre de su hijo, de sus escoltas y de gente inocente que pagó caro la insensatez de una presidenta municipal que no pudo o no quiso proteger a la ciudadanía.
La irresponsabilidad de Esther Gutiérrez toma otra dimensión cuando hacemos el recuento de los funcionarios de su entorno que han sido blanco de ataques directos como el que sufrió su hijo el viernes 14.
El 30 de junio de 2022 le asesinaron a su director operativo de la Policía Municipal, Rafael
Arreguín Landín; el 9 de febrero del 2024, también en un ataque directo, mataron a su Secretario del Ayuntamiento, Alfredo Chávez González; y en diciembre de 2024 sicarios asesinaron a Roberto Bravo, a quien Gutiérrez Andrade había nombrado director de los Festejos Charrotaurinos; tan sólo unos días antes del intento de asesinato de su hijo, un hombre que fue contratado por su Ayuntamiento como policía auxiliar para los Festejos, fue detenido luego de un intento de robo con violencia en el municipio vecino de Colima.
¿Por qué no canceló, a pesar de las nefastas señales, los Festejos?
Y lo que podría parecer como una serie de eventos desafortunados cobra su verdadero sentido cuando se descorre el telón detrás de una serie de ataques directos a personas cercanas a la alcaldesa.
En Agosto de 2024 fueron detenidos 8 policías de los ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, por nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos uno de los escoltas de la propia alcaldesa. Tan sólo este año varios empresarios denunciaron de forma anónima, por temor a su seguridad, que el hijo de la alcaldesa los obligaba a comprarle a él las bebidas alcohólicas para su venta durante los festejos. A quien no lo hizo así, se les negó la licencia para trabajar durante la fiesta mayor del municipio.
¿Es coincidencia el comportamiento mafioso denunciado anónimamente ante el temor por las represalias y el nexo de elementos cercanos a la alcaldesa con el crimen organizado?
Cuando hay vidas inocentes de por medio la pregunta es relevante. Porque poco le importa a aquellos que en su afán de seguir conservando poder y hacer negocios a su amparo son capaces de jugar no sólo con la vida de los hijos ajenos, sino incluso de los propios.
