Por Filomeno Álvarez
El asesinato de Arturo Fabián Galván Birrueta y su esposa, Magdalena Frías Medina, en Manzanillo, ha dejado una serie de interrogantes que van más allá del lamentable y triste suceso. Mientras circulaba en su coche, durante la tarde noche del domingo pasado, el filósofo fue ultimado junto a su pareja, con su hijo menor de testigo. Un homicidio condenable y triste. Fabián era un hombre querido y estimado, con una trayectoria honesta y sencilla.
Lo que llama la atención de este triste suceso es la reacción tardía de algunas de las figuras políticas más críticas al gobierno estatal y federal como Griselda Martínez, Carlos Sotelo y Luis Valdivia. Y es que tuvieron que pasar más de 16 horas para que expresaran inconformidad, en pleno lunes por la mañana y mediodía… no el domingo, después del suceso. ¿A qué se debe esta dilación?
Esta tardía recriminación a las autoridades obedece a una sola razón: en domingo por la noche nadie está al pendiente de las redes sociales y el propósito de su reclamo, hacer eco de la inconformidad, de la desesperanza y del desasosiego no hubiese rendido frutos.
En un municipio donde la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, los tiempos y formas en los que actores políticos reaccionan ante hechos de alto impacto pueden decir mucho más que sus propias palabras. ¿Se trata de simple cautela o hay algo más detrás del retraso?
Para entender el contexto, es imposible ignorar el historial de Griselda Martínez, exalcaldesa de Manzanillo. En 2019, sufrió un atentado del que salió ilesa y que, según su propio testimonio, habría sido orquestado por el crimen organizado.
Sin embargo, su relación con las estructuras de seguridad y justicia del Estado se tornó más compleja cuando, en 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas y las de familiares cercanos como parte de una operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esto plantea una pregunta clave: ¿cuál ha sido realmente el papel de la exalcaldesa en la política de seguridad de Manzanillo?
Durante su gestión, la violencia no solo no disminuyó, sino que se recrudeció. Manzanillo ha sido uno de los municipios más violentos de Colima, con cifras alarmantes de homicidios y desapariciones. En 2022, por ejemplo, Colima se posicionó como el estado más violento del país, con una tasa de homicidios de 97.2 por cada 100,000 habitantes, y Manzanillo contribuyó significativamente a esas cifras. Revisemos.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Manzanillo ha experimentado una tendencia al alza en la incidencia delictiva en los últimos 6 años en los que, casualmente, gobernó Griselda Martínez.
Por ejemplo, los homicidios dolosos aumentaron de 50 casos en 2018 a 85 en 2020, y aunque hubo una ligera disminución en 2021 con 78 casos, para 2022 y 2023 las cifras volvieron a incrementarse, alcanzando 90 y 95 casos respectivamente. Del mismo modo, los delitos de extorsión pasaron de 15 casos en 2018 a 40 en 2023. Estos datos reflejan una tendencia preocupante en la seguridad del municipio.
Si bien la postura “mediática” y discursiva de Griselda Martínez ha sido la de una funcionaria que enfrentó al crimen organizado, la realidad es que su administración no logró contener la ola de violencia. Su discurso de confrontación no se tradujo en una estrategia efectiva de seguridad, y hoy, con el asesinato de Fabián Galván, queda la sensación de que el problema sigue siendo el mismo: Manzanillo sigue a merced de la violencia y del silencio cómplice que ella misma instituyó.
La tardanza en la condena de este crimen no es un detalle menor. En un entorno donde el miedo y la impunidad son moneda corriente, cada omisión, cada demora y cada palabra calculada refuerzan la sensación de que hay hilos invisibles que determinan qué se dice, cuándo y por qué.
El caso de Fabián Galván merece respuestas, pero también merece que nos preguntemos quiénes están dispuestos a darlas y quiénes prefieren esperar a que el viento acomode las piezas al tomar una postura.
Que la exalcaldesa Griselda Martínez y miembros de Movimiento Ciudadano hayan condenado públicamente el crimen sin haber tenido logros relevantes en materia de seguridad durante su mandato hace que nos planteemos una pregunta: ¿qué buscan lograr con estas declaraciones?
Es crucial que la ciudadanía analice críticamente las posturas y evalúe si corresponden a acciones concretas o si son intentos de obtener rédito político en medio de la tragedia. Una actitud mezquina que ha caracterizado la vida de quien hoy protesta y exige justicia y en el pasado no hizo nada. Los días grises no terminan del todo.
