*Por Jacobo Santana
En los últimos días los manzanillenses hemos sido testigos de una serie de justificaciones y relatos fantasiosos enunciados por la alcaldesa Griselda Martínez y la propia Martha Zepeda, con los cuales buscan excusar a esta última de ser la autora de un burdo engaño a los integrantes del H. Cabildo, a los diputados locales y al pueblo de Manzanillo.
Lo que han tratado de hacer es llamarse “perseguidas políticas” y victimizarse para despertar la empatía, comprensión y solidaridad de una opinión pública que no es tonta, sino todo lo contrario, pues las tiene perfectamente etiquetadas de belicosas, falsas y oportunistas.
El que la responsable de certificar las actas de las sesiones haya perpetrado un documento de este tipo cambiando totalmente una decisión del H. Cabildo, es algo que supera por mucho a las tretas y chapuzas que en su tiempo realizaron los gobiernos tramposos y corruptos que encabezaron priistas, panistas y hasta los verdes.
El hecho es sumamente grave y deja en evidencia la calidad moral de una mujer que aspira a presidir el Ayuntamiento de Manzanillo a partir del 2024, una arribista y convenenciera que para lo único que ha servido es para aplaudir, rendir honores y hacer caravanas a su jefa, a quien pretende suceder con ese estigma de corrupción y falsedad del que claramente ha dado ejemplo.
¿Usted votaría por una mujer que falsifica las actas del Cabildo?, ¿por una servidora pública para quien el voto de una mayoría de regidores no es importante? Lo que Martha quiso hacer con sus chapuzas es imponer a toda costa una modificación a la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo, y todo para quedar bien con su jefa, importándole un comino la representatividad de los regidores y el interés público.
Llamarse perseguida y decir que ahora que le pretenden aplicar la Ley por disputas políticas es una vil mentira, pues es más que evidente la violación en que ha incurrido al Artículo 241 del Código Penal del Estado, delito sancionado con prisión de entre 3 a 7 años, una multa de entre 300 y 600 días de salario mínimo y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.
Sancionar a Martha Zepeda se ha convertido en una necesidad para poner un límite a todos los políticos tramposos que una y otra vez se burlan de la gente y de la ley para favorecer sus intereses.
Lo que menos necesita Manzanillo en estos momentos es otra alcaldesa tramposa y mentirosa, otra mujer que con sus actos denigre la lucha del género por la equidad y la justicia en todos los ámbitos sociales.
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